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Foto: FTZ Studio/NRC

Catatumbo en crisis humanitaria

Publicado 20 Abr 2018

Comunicado Clúster de Protección Colombia – El Clúster de Protección expresa preocupación por el recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, llama al fin de la práctica de restricciones al acceso humanitario, el desplazamiento forzado, la toma de rehenes, el uso de minas antipersonales, y los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y en la protección de la vida e integridad física de todos los pobladores del Catatumbo.

Los miembros del Clúster de Protección expresan su preocupación por el recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, Norte de Santander, donde desde el 14 de marzo se han incrementado las acciones armadas entre el ELN y el EPL, afectando gravemente a la población civil de los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, El Tarra, Hacarí, Sardinata, Ocaña (zona rural), Abrego, La Playa y Tibú. Igualmente, el Clúster reitera la urgencia del respeto al Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por parte de todos los actores armados y condena las restricciones al acceso humanitario, el desplazamiento forzado, la toma de rehenes, el uso de minas antipersona, y los ataques contra líderes comunales y miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos. 

Como resultado del trabajo en terreno, se registró como impacto humanitario las siguientes consecuencias: 

  • Los enfrentamientos entre el ELN y EPL han afectado a más de 85.000 personas pertenecientes a los municipios mencionados, quienes se encuentran con graves restricciones de acceso a servicios, bienes básicos y limitaciones a la movilidad. En particular, existen restricciones al acceso humanitario por la presencia de minas antipersonal en veredas de la región norte del municipio de San Calixto. 
  • Cerca de 44.829 niños y niñas presentan restricciones al acceso a la educación desde el 16 de abril. Por lo menos 80 establecimientos educativos y 2.285 personas de administración y docencia han resultado afectados. 
  • Por lo menos 2.819 personas continúan en situacion de desplazamiento masivo en los municipios de Hacarí y San Calixto. Existe alto riesgo de ocurrencia de nuevos desplazamientos. A la fecha no hay garantías de seguridad para el retorno de las comunidades afectadas. 
  • El Pueblo Barí se ha visto afectado en su derecho a la autonomía y gobierno propio, debido a las limitaciones a la movilidad. Las autoridades de este pueblo alertaron el 17 de abril que de continuar la situación sus comunidades entrarían en confinamiento lo que afectaría por lo menos 4.500 indígenas de 25 comunidades en los municipios de Tibú, El Tarra, Convención y El Carmen. 
  • El derecho a la libertad de prensa y de información se ha visto afectado por amenazas contra al menos tres comunicadores de emisoras radiales comunitarias, resultando en el cierre de una de ellas. 

En este contexto, líderes y lideresas comunales, Juntas de Acción Comunal, Asojuntas, autoridades indígenas, movimientos sociales campesinos de la región y servidores públicos se encuentran en riesgo por su labor de defensa de los derechos humanos y por adelantar acciones para la protección de sus comunidades. Durante esta confrontación, tres personeros se han desplazado en varios momentos de sus municipios y varios líderes y lideresas se encuentran desplazados o en situación de confinamiento por ser objeto de presiones y amenazas de los grupos armados no estatales. Un presidente de Junta de Acción Comunal resultó herido con arma de fuego el 14 de marzo en Teorama. Dos líderes comunitarios fueron tomados como rehenes los días 2 y 11 de abril, de ellos Jaider Santiago, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Muralla en Teorama, continúa en cautiverio. Al menos diez presidentes de Juntas de Acción Comunal han renunciado a su cargo por presiones y amenazas. 

Estos hechos configuran una infracción grave al Derecho Internacional Humanitario. En particular, el uso de minas antipersona es contrario al principio de distinción y la toma de rehenes de quienes no participan directamente en las hostilidades está expresamente prohibida por el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, y por el artículo 4.2.c del Protocolo II de 1977 y es reconocida como una norma consuetudinaria internacional[1]. Igualmente, las situaciones mencionadas atentan contra el derecho a la libertad, la vida e integridad de defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan por mejorar las condiciones de vida en las comunidades donde habitan. 

En este contexto, el Clúster de Protección realiza las siguientes recomendaciones: 

  • A los grupos armados no estatales garantizar el estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario de base consuetudinaria y convencional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en sus acciones. Esto incluye, entre otros, asegurar la protección de los civiles frente a los efectos de las hostilidades. Específicamente, insta a respetar la vida y a liberar a la mayor brevedad a las personas aún tomadas como rehenes y poner fin a esta práctica junto con la utilización de minas antipersona. En este sentido, insta a la implementación del desminado en las zonas afectadas. 
  • A los grupos armados no estatales respetar la autonomía de las autoridades indígenas del Pueblo Barí, las Juntas de Acción Comunal, Asojuntas y los diversos movimientos y organizaciones sociales que habitan la región del Catatumbo, así como la integridad física de sus representantes. En relación con las autoridades indígenas, el Clúster de Protección reitera el carácter de autoridades tradicionales que éstas tienen de acuerdo con los estándares internacionales, en sus resguardos y comunidades, tal y como está reconocido en la Constitución Colombiana. 
  • A los grupos armados no estatales prevenir cualquier ataque contra de la educación. Los grupos armados deben abstenerse de afectar a estudiantes, docentes y trabajadores de las instituciones educativas en zonas donde el conflicto continúa. 
  • A la Gobernación de Norte de Santander y Alcaldías de los municipios afectados, el Clúster insta a que, con acompañamiento de la Procuraduría, pongan en marcha los planes de contingencia y subcomités de prevención y protección para proteger a la población afectada por el conflicto. Asimismo, a que asignen el presupuesto adecuado para la implementación de ambos planes. 
  • Al Ministerio del Interior, el Clúster lo urge a dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en los informes riesgo y de seguimiento emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de derechos humanos en la región. A la Procuraduría General de la Nación que haga seguimiento a la implementación de estas recomendaciones. 
  • A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, UARIV, para que se priorice la valoración y medidas de asistencia y atención a la población afectada por el conflicto armado. 

El Clúster de Protección reitera su permanente disposición de trabajo con las autoridades y con la sociedad colombiana para buscar acciones que lleven al mayor respeto y a la garantía efectiva de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. El Clúster continuará en el territorio, cumpliendo con su mandato, y acompañando a las autoridades y a todos los pobladores del Catatumbo, especialmente a la población campesina e indígena, en el anterior propósito. 

El Clúster de Protección hace parte del espacio de coordinación de la comunidad humanitaria internacional y se enfoca en los temas de protección y derechos humanos. Está conformado por más de 40 Agencias de Naciones Unidas, Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil. 


[1] “Norma 96. Queda prohibido tomar rehenes”. Henkaerts, Jean –Marie, Doswald – Beck, Louise (2007): El derecho internacional humanitario consuetudinario, volumen I, normas, CICR. pp. 381 a 383. 

   Consulte comunicado original

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