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Foto: NRC/Marcela Olarte "Tuvimos semanas enteras sin clases y lo niños no venían a estudiar por miedo a encontrar minas en el camino o estar en medio del fuego cruzado" Docente, Cauca

Escuelas más seguras en Colombia

Publicado 11 Dic 2018

Consideramos que es nuestra responsabilidad conjunta garantizar que las escuelas estén seguras en tiempos de crisis.

El Consejo Noruego para los Refugiados es una organización humanitaria especializada en brindar asistencia a las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares. Ofrecemos educación para niños y jóvenes desplazados en contexto de conflictos o crisis en el mundo. Estamos presentes en 35 países al redor del mundo donde tenemos un valor añadido. 

En casi todos los países afectados por conflictos donde NRC brinda asistencia humanitaria, los niños desplazados nos dicen a menudo que las escuelas son el lugar donde se sienten más seguros, protegidos de grupos armados, violaciones y tratos crueles.

Cuando las escuelas son atacadas, esa sensación de seguridad desaparece. Los ataques y el uso militar de las escuelas tienen consecuencias devastadoras en la vida de los niños, niñas y adolescentes, ya que no solo se interrumpen las clases, fomenta el abandono escolar, también limitan la calidad de los aprendizajes e incrementa la vulnerabilidad de los estudiantes.

Los ataques contra la educación pueden ser investigados como una violación del derecho internacional humanitario. Por esta razón nosotros, los gobiernos, los actores humanitarios, los donantes, tenemos la responsabilidad compartida de garantizar que las escuelas estén seguras y que la educación se garantice durante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

En Colombia, agradecemos los esfuerzos del Estado para lograr acuerdos con los grupos armados no estatales. Creemos que es de interés para todas las víctimas del conflicto, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes que se logren e implementen estos acuerdos. La construcción de la paz es una oportunidad notable para los más de 8 millones de víctimas del conflicto. En particular creemos que solo así, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tendrán la oportunidad de volver a escuelas seguras.

Desafortunadamente, en el país todavía no hay una paz completa y la realidad cientos de miles de niños, niñas y adolescentes requiere de una respuesta urgente a su situación en el marco del conflicto y la violencia. Queremos utilizar el caso de Norte de Santander para ejemplificar el porqué es importante que el Gobierno de Colombia firme la declaración de escuelas seguras.

Las escuelas, el personal educativo y los escolares siguen siendo afectadas por el conflicto en el Catatumbo entre el 2017 y septiembre de 2018, 108 sedes educativas fueron afectadas en el marco del conflicto, más de 9,014 niños, niñas y jóvenes se vieron afectados. Tanto las fuerzas armadas oficiales como los actores armados no estatales han utilizado espacios educativos; los caminos a las escuelas se han sembrado con minas y artefactos explosivos; y las escuelas a menudo se convierten en sitios de propaganda y reclutamiento por parte de actores armados en lugar de entornos seguros para los menores de edad. Más de 38 eventos de minas antipersonales han sido registrados en las sedes educativas o en cercanía a las sedes. Más de 37 combates o acciones de fuego cruzado se han reportado en cercanía a las sedes educativas o afectado directamente las sedes; comprometiendo y poniendo en riesgo la vida de menores de edad.

Muchos maestros que intentan detener estas situaciones son amenazados y obligados a huir. En Catatumbo más de 219 maestros han sido afectados por estas situaciones de violencia. En este contexto, es claro que los niños no pueden esperar para cumplir con su derecho a la educación.

Alentamos al gobierno colombiano a respaldar la Declaración de Escuelas Seguras y a intensificar los esfuerzos para garantizar que las sedes educativas del Catatumbo y del país estén seguras y protegidas. Colombia no se puede permitir en una solo área geográfica se superen los 10 mil niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto en las escuelas. Se deben implementar medidas estrictas contra quienes violan estos principios.

El conflicto armado agravado por la falta o limitaciones en la presencia estatal, también condiciona severamente el derecho a la educación de los niños, adolescentes y jóvenes. Casi tres de cada diez niños que viven en áreas rurales en Colombia nunca asistieron a la escuela durante el conflicto. La mitad de los que van a la escuela no van más allá del nivel primario (cinco años de educación). Para cuando cumplen los 17 años, casi el 75% ha abandonado el sistema educativo. En consecuencia, los niños y adolescentes de 12, 13 y 14 años tienen poca educación, lo que los hace extremadamente vulnerables al reclutamiento por parte de grupos armados o la economía de las drogas ilegales.

Se necesita un esfuerzo de colaboración enorme para garantizar que las escuelas en áreas afectadas por conflictos estén seguras y protegidas, y que estén libres de uso y ataques militares. A través de nuestro Equipo de Respuesta Rápida, contribuimos a los esfuerzos para reanudar rápidamente la educación después de desplazamientos masivos. Dentro de las primeras 72 horas, el Equipo de Respuesta Rápida brinda respuesta de emergencia, lo que incluye iniciar actividades educativas, tales como: distribución de la enseñanza, materiales de aprendizaje, capacitación de voluntarios de educación comunitaria y, posteriormente, construcción de clases de aprendizaje temporal.

En Colombia, el Consejo Noruego para Refugiados también apoya los esfuerzos del Ministerio de Educación para garantizar la continuidad de la educación, identificando a los niños y niñas que no asisten a la escuela en las áreas más afectadas por el conflicto y registrándolos en los programas educativos pertinentes.

Realizamos censos junto con las Secretarías de Educación para identificar a la población que no asiste a la escuela y para comprender sus necesidades educativas. Las barreras que les impiden acceder a la educación y permanecer en la escuela se han analizado para adaptar nuestra respuesta. Los censos proporcionan evidencias sólidas de que se pueden utilizar para promover cambios en la prestación del servicio escolar y para mejorar las oportunidades de educación. Desde 2011, identificamos más de 60,000 niños, niñas y jóvenes que no asistían a la escuela, y trabajamos junto con el Ministerio de Educación para ofrecerles oportunidades de educación en clases generales o modelos de educación flexible.

Como parte de los esfuerzos conjuntos para proteger mejor las escuelas, apoyamos a las comunidades en el mapeo de riesgos con los estudiantes, maestros y padres que juegan un papel central en la educación. Sobre la base de los hallazgos, desarrollamos un plan de escuelas seguras para diferentes comunidades escolares. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer.

En Cauca, hay niños y niñas que todavía temen caminar a la escuela debido al riesgo de ser reclutados por la fuerza. En respuesta, apoyamos a la comunidad indígena Nasa en la creación de “grupos de caminatas” para que los niños y niñas caminen a la escuela en grupos acompañados por adultos. En Cauca, también hemos apoyado la construcción de aulas educativas seguras.

En Norte de Santander, la comunidad consideraba demasiado arriesgado enviar a sus hijos a una escuela pública. Por lo tanto, la organización ha proporcionado encerramientos para asegurar la escuela y de esta manera, limitar los riesgos de ser afectados en medio de los enfrentamientos armados. Además, la organización agregó rutas de evacuación para permitir una salida más fácil en casos de ataques.

En Nariño, en algunas áreas geográficas el acceso a la educación regular carece de relevancia para muchos niños, niñas afectados por conflictos. Por lo tanto, NRC apoya el establecimiento de una educación basada en la comunidad, donde los niños reciben libros para estudiar y son educados por los miembros de sus comunidades con un modelo de educación propio.

Es claro que podemos y debemos hacer más, tanto a nivel nacional como local. Todas las partes deben intensificar sus esfuerzos conjuntos de desminado, ya que es un requisito previo para que los niños puedan regresar a las escuelas de manera segura. A pesar de las disposiciones específicas del Código Penal colombiano y de otras disposiciones para promover el respeto por el derecho humanitario internacional, hay una clara falta y un vacio para la judicialización y redición de cuentas cuando las escuelas son afectadas en medio del conflicto.

Del mismo modo, es muy importante destacar dos documentos de políticas clave que articulan la estrategia de educación en situaciones de emergencia del Ministerio de Educación que instruyen a los secretarios de educación de los departamentos para desarrollar planes de emergencia y estrategias de respuesta. Las Directivas Ministeriales 12 (2019) y 16 (2011) contienen requisitos para prepararse para emergencias, responder en emergencias y manejar situaciones posteriores a una crisis. Sin embargo, todos debemos implementar estas disposiciones en los lugares más afectados por el conflicto y la violencia.

La educación es clave para la construcción de la paz en las zonas rurales. Las promesas hechas en el Acuerdo de Paz para que los niños en las áreas rurales reciban educación solo pueden lograrse si las escuelas están seguras y protegidas de ataques y uso militar. La adherencia a la Declaración de Escuelas Seguras será un paso importante hacia el cumplimiento de este compromiso. Demasiados niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han estado fuera de la escuela durante años debido al conflicto, ahora necesitan beneficiarse del Acuerdo de Paz. Estamos hablando de toda una generación que necesita desesperadamente un futuro más próspero en Colombia.

Colombia tiene una gran tarea por delante para implementar el acuerdo de paz y construir una paz sostenible, pero también tiene las herramientas necesarias y una enorme oportunidad para mejorar la vida de sus niños, niñas y jóvenes. La primera sección del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto (que trata de la reforma rural integral) incluye medidas y acciones destinadas a fortalecer y mejorar la educación rural. También tiene disposiciones para garantizar reparaciones y el restablecimiento de los derechos de los niños y jóvenes afectados por conflictos (especialmente, pero no solo, alentándolos a ingresar al sistema escolar). Su implementación no puede esperar más.

Finalmente, es muy importante que podamos aprender de otras experiencias. En las últimas décadas, la educación se ha incluido en los acuerdos mundiales diseñados para poner fin al conflicto armado. Un estudio muestra que se alcanzaron 144 acuerdos de paz totales o parciales en el mundo entre 1989 y 2005 y alrededor del 70% de estos acuerdos contenían iniciativas relacionadas con la educación. Sin embargo, la inclusión de la educación en un acuerdo de paz debe ser apoyada por todos y todas. La firma de la declaración de escuelas seguras será fundamental para garantizar su implementación.

Consejo Noruego para Refugiados – NRC

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