La cifra de personas desarraigadas supera los 40 millones a nivel mundial, es decir que una de cada 136 personas se encuentra en esta situación, según datos del Acnur.

Por Luz de Luna*

La Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos de los migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro, hace poco llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer el derecho de asilo y refugio a nivel mundial. Destacó que el fenómeno migratorio será junto con el calentamiento global el tema más sensible del siglo XXI. Según ella, la prensa mundial recoge generalidades y términos como "avalanchas de refugiados o migrantes", que polarizan la opinión pública, pidiendo en su llamamiento internacional que no se trate como irregulares a las personas que demandan refugio político.

La política 'pública' (sumergida, no formal) del Ecuador para los refugiados y refugiadas, más si provienen de Colombia, en el campo laboral, puede sintetizarse con una anécdota oída a un refugiado antioqueño hace algunos años: “Decir refugiado, y colombiano, significa condenarse a no conseguir trabajo. O, mejor dicho, sí... “el trabajo” que los medios de comunicación y la gente nos endilga: refugiado colombiano quiere decir, para ellos, ejercer el trabajo de delincuente, narcotraficante, mafioso, sicario, o prostituta en el caso de las mujeres”.

Una faceta desconocida: El propio exilio

Según el informe actualizado el 24 de febrero de 2008, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, el Ecuador tiene un total de 1.571.450 migrantes en el exterior, proyección realizada a junio del 2007. Sin embargo, cifras no oficiales bordean los tres millones de migrantes ecuatorianos en el exterior, de un total poblacional nacional de doce millones.

De acuerdo con el INEC, el Ecuador y sus habitantes, desde los últimos 40 años del siglo XX hasta la actualidad, son testigos de tres olas migratorias:

La primera, que se da en los años 60 y fue conocida como la emigración de población del austro hacia los Estados Unidos motivados por la venta de artesanías y sombreros de paja toquilla. Una segunda ola registrada en los 80 principalmente de los habitantes de las provincias de Azuay y Cañar; básicamente campesinos. La ola migratoria contemporánea que data de fines de los noventa e inicios del nuevo milenio, impulsada por la crisis del sistema financiero ecuatoriano y el ingreso a la dolarización y sus secuelas iniciales.

Es en esa aguda realidad, por cuerda separada, convive la creciente realidad de refugiados en nuestro territorio.

Los y las refugiadas de Colombia en Ecuador

El número de solicitantes de refugio en Ecuador, provenientes de Colombia, desde el año 2000 a 2007, totaliza 45.381, habiendo sido aceptados 14.300, según Acnur. Sin embargo, el propio Acnur admite que existirían 250.000 colombianos sin documentos e incluso fuentes gubernamentales señalan que serían 500.000 en total, entre migrantes legales, ilegales y refugiados.

Por ello, Acnur ha pasado a considerar al Ecuador como el país con la mayor población refugiada en toda América Latina.

La situación de los refugiados es extremadamente difícil. A miles se les niega el estatuto de refugiado, otros viven en el anonimato por razones de seguridad, y la gran mayoría desconoce la forma de aplicar en su defensa los mecanismos de protección internacional.

Existe en el Ecuador a nivel de refugiados que esperan la afirmación o negación a sus solicitudes de refugio, una “Zona Gris” donde las personas pasan en estado irregular sin papeles ni derechos al trabajo, salud, seguro social y educación.

La xenofobia y discriminación se mantienen y atizan en esa atmósfera, bajo el paraguas convencional de que “el colombiano y peruano vienen a quitarnos el trabajo”, debido a que la fuerza de trabajo migrante de esos países es más barata que la propia.

Ante esa realidad, el Plan Ecuador lanzado por el Gobierno actual busca regularizar la población colombiana dedicando 130 millones de dólares, 40 millones del presupuesto nacional y otros 80 de la cooperación internacional. El Servicio Jesuita a Refugiados, SJR, admite que el Plan Ecuador es un marco de acciones futuras y una propuesta que pone en el debate un tema objeto de silencio oficial, como la presencia de un número mucho más alto de población colombiana en Ecuador de lo que señalan las cifras oficiales.

La xenofobia y discriminación se mantienen y atizan en esa atmósfera, bajo el paraguas convencional de que “el colombiano y peruano vienen a quitarnos el trabajo”, debido a que la fuerza de trabajo migrante de esos países es más barata que la propia.

Pero si el Plan Ecuador no llega a operativizarse va a sufrir la misma suerte de otros tantos planes que han sido archivados, ante lo que se ha propuesto adoptar una nueva ley para la determinación del refugio que se corresponda con la realidad actual y reemplace a la antigua ley que data de 1992.

En una reciente entrevista a la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, Guillermo Robayo, director del Servicio Jesuita de Refugiados Ecuador, denunció que desde hace unos seis o siete años, la visión del Estado ecuatoriano frente al refugio ha estado marcada por la seguridad nacional, es decir cero derechos, y, en segundo lugar, por no tener una política clara sobre lo que significan las migraciones y específicamente lo que significa la población que vive en situación de refugio.

Coyuntura y legislación ecuatoriana en materia de refugio

El momento actual ha traducido, a su manera, el sentimiento mayoritario del país en defensa de la soberanía, seguridad y dignidad; y, desde 2005 a hoy, se guarda una línea progresista en política exterior, que le permite a nuestro país mirar más allá de sus fronteras norte y sur, guardando relaciones diplomáticas realistas con Colombia y Perú.

El Ecuador ha logrado, después de muchos años, que el Estado ciudadanizara su política exterior, asimilando las demandas de la sociedad civil ante los impactos del conflicto colombiano, la militarización de los conflictos en la frontera norte, y la presencia de una base militar extranjera en su suelo.

Esos temas son ya superados: la base se irá en un año, el Ecuador volvió a su política exterior de los setenta a los ochenta de no involucrarse y pasó a una etapa realista en sus relaciones con Bogotá.

La legislación ecuatoriana, comparada con la legislación de los otros países de la región andina, se reconoce como la más progresista y democrática y la que más ha concretado sus principios a la normativa internacional en materia de refugio.

Desde el retorno a la democracia en 1979, Ecuador –a diferencia de otros países del área–, ha reactualizado su legislación interna ajustándola a los postulados de la legislación internacional en materia de refugio y asilo.

Por ejemplo, el Ministerio de Educación dictó el acuerdo 445 que posibilita el acceso a la educación de niños y niñas sin importar la situación legal de sus padres. Esa conquista no se cumple del todo, puesto que muchos directores y rectores hacen caso omiso de esa disposición legal de carácter obligatorio.

Los avances inesperados

En los tres últimos años, el Estado ecuatoriano a través de medidas impensables en el pasado, dictó medidas públicas de inserción y protección laboral para la protección y el beneficio de migrantes peruanos y colombianos y de refugiados en general, así como inició a través de medidas gubernamentales en las administraciones presidenciales de Alfredo Palacio y Rafael Correa, el paso hacia la legalización de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas de Colombia en situación irregular.

La coyuntura desfavorable en que se ha desenvuelto el refugio en material laboral, especialmente de las poblaciones colombianas, obedece al temor por la posible extensión del conflicto interno colombiano en Ecuador y la región, lo que ha originado un ambiente negativo a nivel mediático y que se hayan hecho rígidas algunas medidas de control, en detrimento de algunos derechos de las y los refugiados.

Desde la sociedad civil, las organizaciones que conforman la Coalición inter-institucional para las migraciones y el refugio, han presentado propuestas vigorosas en relación a los derechos laborales, el trabajo, los migrantes y los refugiados en Ecuador, a la recién instalada Asamblea Nacional Constituyente.

Para afrontar la negación de sus derechos y volverse visibles, unas 600 personas refugiadas se han organizado en la Asociación de Refugiados Colombianos en Ecuador, Arcoe, para incidir en las políticas públicas sobre el refugio y llamar la atención de los gobiernos para que apoyen los programas de atención que el Ecuador lleva a cabo a favor de las y los refugiados colombianos.

Invisibilizados, la situación de muchos colombianos que huyen de su país todavía no ha sido abordada a profundidad no sólo por el Estado sino por la sociedad ecuatoriana, y menos aún por el gobierno colombiano, que ha mostrado indiferencia ante esta realidad originada desde su propio territorio.

A manera de sugerencias

Es necesario anotar que se requiere un trabajo coordinado entre Estados, sociedades civiles y países vecinos para impulsar instrumentos con los cuales dar un carácter vinculante a la legislación internacional sobre asilo y refugiados, especialmente en materia laboral.

Una apertura de espacios en asesoría y toma de decisiones para las organizaciones civiles en espacios institucionales como el Comité de Elegibilidad, ayudaría a tomar decisiones que consideren razones de Estado y razones sociales.

Desarrollar una estrategia de comunicación que incluya tanto a las autoridades como a la población de las mayores áreas receptoras de refugiados, con el propósito de contribuir en la eliminación de estereotipos causados por desinformación, que ocasionan maltratos o violación de los derechos humanos de la población refugiada.

Bibliografía

Introducción: Acnur. Situación de los Refugiados en el Mundo, 50 Años de Acción
Humanitaria. 2000.
Acnur Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados.
Acnur. Guía de Campo para ONG.
Acnur y Unión Interparlamentaria. Protección de los Refugiados.
Consejo Latinoamericano de Iglesias. Documento de Ecuador para la Consulta Regional sobre Refugio y Desplazamiento, Lima, 1993.
Inredh, Refugiados y trabajadores, Las condiciones laborales de las mujeres en situación de refugio, Quito, 2006.
Eduardo Tamayo, ALAI, Día del refugiado: “Que abran los ojos a nuestras penas”.

* Especialista ecuatoriana en Refugio y Trabajo del área andina.