Según el Artículo 35 Numeral 4 de la Constitución
Política del Ecuador los Derechos de los trabajadores
son irrenunciables, se consideran nulas las
estipulaciones que impliquen su renuncia, disminución
o alteración.
Aunque
las leyes reconocen el derecho a un trabajo
digno a la población refugiada que llega al
Ecuador la situación económica y social que
vive este país hace que las únicas opciones
sean el trabajo informal, la ilegalidad y en
muchos casos la prostitución.
PorPatricia
Rosero* y Dalila Calán**
En el artículo 21, numeral 4 del
Reglamento para la aplicación en Ecuador del estatuto
del refugiado se lee: “el refugiado o refugiada tiene
derecho al trabajo sea como asalariado o asalariada
mediante actividad privada que posibilite su manutención
y la de su familia”.
La crisis económica en la que se
encuentra sumido el Ecuador afectó de manera directa
las fuentes de trabajo formal reduciéndolas a tal
punto que su visibilidad más clara es la emigración
de muchos compatriotas hacia otros países en busca
de mejores oportunidades laborales que faciliten el
desarrollo económico de sus familias.
Esta situación se agudiza con los conflictos políticos
y armados que viven los países vecinos especialmente
el que afronta Colombia. Periódicamente se conocen
desplazamientos gota a gota de hombres y mujeres solos
o de núcleos familiares hacia la zona fronteriza ecuatoriana,
en la que tienen que sobrevivir en medio de poblaciones
con condiciones precarias y escasas fuentes de empelo
entonces el trabajo informal es la única opción para
la población en situación de refugio y para población
ecuatoriana pobre. Esta situación genera en muchos
casos una competencia desleal por la captación de
ingresos.
En el terreno
La Provincia del Carchi, es una zona
agrícola y ganadera en la que es usual la contratación
de mano de obra de la población colombiana en calidad
de jornaleros o jornaleras con un ingreso diario de
3 dólares, cuando lo normal a pagar son cuatro y cinco
dólares, una explotación laboral visible aceptada
por efectos de la necesidad.
En la zona urbana es frecuente observar
mayor vulnerabilidad en las mujeres quienes se dedican
al servicio doméstico, con una remuneración que va
desde los 30, 40 hasta los 60 dólares por el trabajo
durante un mes generando con ello una insatisfacción
de muchas necesidades básicas al interior de las familias.
Otras mujeres se ven obligadas a
desempeñar sus labores en restaurantes y hoteles con
una remuneración de 120,00 dólares mensuales en una
jornada laboral de 10 a 12 horas diarias. No olvidemos
que el salario mínimo vital en Ecuador es de 170,00
dólares.
La Provincia del Carchi, es una zona agrícola
y ganadera en la que es usual la contratación
de mano de obra de la población colombiana en
calidad de jornaleros o jornaleras con un ingreso
diario de 3 dólares, cuando lo normal a pagar
son cuatro y cinco dólares, una explotación
laboral visible aceptada por efectos de la necesidad.
Esta situación pone en un alto riesgo
la dignidad de las personas y las hace vulnerables
al desempeño de actividades ilícitas como el robo
o hurtos memores, la falsificación de moneda, el tráfico
ilegal de drogas e incluso muchas mujeres se ven obligadas
a dedicarse a la prostitución generando con esto ambientes
propensos a otras situaciones de violación de derechos
como la trata de personas.
Concientes de esta problemática la
Pastoral Migratoria y de Fronteras, contraparte del
Consejo Noruego para Refugiados en Ecuador, se ha
dedicado a visibilizar estos abusos laborales logrando
con ello incidir en el respeto a los derechos a través
de sensibilización, capacitación y exigencia en la
aplicación de las leyes laborables nacionales e internacionales
que amparan a la población ecuatoriana vulnerable
y a la población en situación refugio. Sin embargo
aún queda mucho por hacer en este aspecto pues la
problemática cada vez es más amplia y el riesgo mayor.
