Lo que ahora expresa la contraparte
de NRC La Mesa Nacional de Migrantes y
Refugiados (Menamire), comité conformado
por distintas organizaciones civiles y
religiosas de derechos humanos es su intención
de vetar la nueva ley, después de denunciar
que uno de los artículos del proyecto
gubernamental perpetúa la situación de
indefensión jurídica de las personas bajo
protección temporal humanitaria y quienes
tienen categoría de refugiados tendrían
que esperar 15 años para optar por una
visa de no inmigrantes.
Por Jorge Iván Mora Zapata*
Nueva ley migratoria en
Panamá, inmigrantes ilegales y protegidos temporales
De manera sorpresiva, el Consejo
de Gabinete de Panamá, en uso de facultades
extraordinarias otorgadas por la Asamblea Nacional
de Diputados, aprobó la nueva ley migratoria.
Con algunas modificaciones, crea el Servicio
Nacional de Migración, policía migratoria, otorga
funciones a los consulados panameños acreditados
en el mundo y aumenta los costos de trámite,
que van desde las tarjetas de turismo de 5 a
20 dólares hasta duplicar el valor de los depósitos,
multas y deportaciones a ilegales hasta con
10 años de impedimento de entrada, amén de otras
disposiciones. También introducen omisiones
como el desconocimiento de un período de transición
que equivaldría a una amnistía para ciudadanos
ilegales con cierto tiempo de permanencia y
que posean condiciones específicas aceptables
para el país receptor.
Estos eran observaciones planteadas por la Comisión
de Derecho Migratorio del Colegio Nacional de
Abogados (CNA), que se quedaron en borrador
y que venía sustentando Luis Adolfo Corró, miembro
de dicha comisión y ex asesor legal de la Dirección
de Migración.
Lo que ahora expresa la contraparte de NRC La
Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados (Menamire),
comité conformado por distintas organizaciones
civiles y religiosas de derechos humanos es
su intención de vetar la nueva ley, después
de denunciar que uno de los artículos del proyecto
gubernamental perpetúa la situación de indefensión
jurídica de las personas bajo protección temporal
humanitaria y quienes tienen categoría de refugiados
tendrían que esperar 15 años para optar por
una visa de no inmigrantes.
Está
previsto que la comisión binacional se
reunirá en junio próximo en Panamá y es
un buen escenario para validar compromisos
y honrar derechos humanos, aunque por
lo actuado pareciera tarde. Se trata de
saber si primero son los acuerdos.
Estadísticas recientes señalan
que 198 familias colombianas ubicadas en las
comunidades panameñas de Jaqué, Boca de Coupe,
Yapé, La Palma y Metetí conforman el núcleo
de aproximadamente 530 personas procedentes
del Urabá chocoano, que no quisieron regresar
a sus lugares de origen por el trauma derivado
de la violencia guerrillera y paramilitar desatada
entre los años 2000 a 2003, en la que perdieron
no solamente sus tierras sino a seres queridos.
Casi 200 niños o adolescentes hacen parte de
este núcleo de protección temporal, destacó
el Consulado General de Colombia.
Los protegidos temporales son prisioneros de
los espacios geográficos donde se encuentran,
y que para poder movilizarse hacia otro lugar
por enfermedad u otra razón lógica deben hacerlo
con permiso especial conferido por la Oficina
Nacional para los Refugiados (Onpar) y contar
con el acompañamiento de Acnur o la OIM. Situación
que los hace vulnerables a los abusos.
Y el acta final de la undécima Reunión de la
Comisión de Vecindad Panamá - Colombia, firmada
por los cancilleres Samuel Luis Galindo y Carolina
Barco, en el 2006, refrendó la decisión de las
autoridades panameñas de otorgar estatus migratorio
de residentes a los ciudadanos colombianos bajo
protección temporal humanitaria ubicados en
comunidades panameñas en las zonas fronterizas.
El acuerdo no se cumplió por parte de Panamá
y, a cambio, el artículo 22 de la nueva ley
dice que "el Servicio Nacional de Migración
otorgará un permiso de residencia temporal válido
por un año, prorrogable por igual período, siempre
que las autoridades competentes certifiquen
que (el protegido temporal o refugiado) mantiene
dicha condición". Y agrega: "la comisión
nacional de elegibilidad para la atención a
los refugiados otorgará un permiso de dos meses
prorrogables a los extranjeros que se encuentren
bajo estatuto humanitario provisional de protección".
Está
previsto que la comisión binacional se reunirá
en junio próximo en Panamá y es un buen escenario
para validar compromisos y honrar derechos humanos,
aunque por lo actuado pareciera tarde. Se trata
de saber si primero son los acuerdos.
