Cuando las y los refugiados colombianos cruzan la frontera empiezan una nueva vida. Su pasado queda atrás y la incertidumbre de que algún día se dé la paz en Colombia es su única compañía. Sin embargo, no hay tiempo que perder, no traen nada y por ello el primer paso para rehacer sus vidas es buscar un empleo para poder comer y pagar un hospedaje. Es, en ese momento cuando empieza la frustración.

Por Edwin Camargo*

Las organizaciones de derechos humanos que operan en Venezuela tienen como mandato facilitar una solución duradera a las y los refugiados; para lograrlo hacen proyectos destinados a la capacitación en algún oficio que sea lucrativo en las comunidades donde hacen presencia.

Sin embargo, a las y los refugiados colombianos a pesar de que la ley Orgánica Sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas no les niega nada, tampoco les ofrece nada, lo cual genera un problema y una respuesta negativa para los comerciantes venezolanos que no se atreven a contratarlos debido a los constantes chequeos a los que son sometidos por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria o Seniat, pues la frontera entre Ureña y San Antonio con el departamento de Norte de Santander, en Colombia, es la segunda más activa de Latinoamérica, razón por la cual se intensifican los operativos.

Pese a estas circunstancias la mano de obra colombiana es la más apetecida en Venezuela, pues son los colombianos y colombianas quienes desempeñan los oficios más rudimentarios. Esto en gran medida se justifica por su apego al trabajo y la necesidad reinante, por lo tanto las empresas diseñan estrategias encaminadas a burlar los controles del Estado venezolano y así contratar a los y las solicitantes de refugio o refugiados. Sin embargo, se aprovechan de estas personas, pues son víctimas de la mano de obra barata y el no reconocimiento de sus derechos laborales como acceso a seguros médicos, pago de prestaciones sociales y remuneración digna, por citar algunas de las tantas violaciones de derechos de las que son objeto.

Ureña y San Antonio, entre otras cosas, se distinguen por tener grandes empresas textileras, específicamente de confección de blue jeans. Debido a la gran demanda de este artículo hacia el centro del país los empresarios crearon la figura de los talleres satélites que funcionan como cooperativas, las cuales no son objeto de chequeos ya que el Gobierno Nacional las exonera de impuestos por el apoyo que den a estas iniciativas.

Pero estos talleres satélites, que tienen la obligación de contribuir con la formación de las y los refugiados colombianos para que aprendan el oficio de la confección, no gratifican el trabajo a sus empleados, pues las directivas de los talleres satélites son las que aparecen, bajo la figura de tercera persona, con contratos en las industrias. Es decir, las grandes manufactureras sólo reconocen a una persona los derechos laborales, mientras son centenares quienes realmente cumplen con este complejo trabajo en una cadena incansable de maquilas no reconocidas oficialmente.

Por ejemplo, para la producción de un blue jeans las cooperativas sólo invierten 7 mil Bolívares en la mano de obra, mientras en el mercado este producto tiene un valor que va desde los 60 mil a 100 mil Bolívares. Sin embargo, esos 7 mil Bolívares no son sólo para una persona pues su confección y terminado involucra como mínimo el paso por seis manos: las que realizan el corte; quienes cosen en la máquina de dos agujas, las que operan la filetiadora y otras la pretinadota. Una vez finalizado este proceso entran en juego quienes se encargan de poner los botones y los remaches y, finalmente cuando el pantalón ya está listo otras dos personas se encargan de quitarle la pelusa y de lavarlo. Cada trabajo tiene un pago que va entre los 300 y los mil Bolívares.

El problema más grande para la población refugiada son los primeros meses del año, pues las empresas reducen la producción debido a la poca demanda de blue jeans, lo cual obliga a las y los refugiados a ahorrar lo más que se pueda hasta el mes de abril o mayo cuando empiezan de nuevo a llevarles trabajo. Un refugiado preocupado dice: “Cuando no hay trabajo hay que apretarse el cinturón”.

Talleres satélites hacen negocio con la necesidad

Los talleres satélites en aras de “ayudar “a la población refugiada alquilan las maquinas planas, filetiadoras y pretinadotas, lo cual obliga a estas personas a trabajar jornadas extras para poder obtener algún beneficio. La confección de blue jeans se ha convertido en toda una tradición familiar, pues padre, madre, hijos y yernos se encargan de todo el trabajo para poder incrementar los ingresos familiares en improvisados talleres en sus casas y así tener más producción.

En algunos casos no sólo les alquilan las máquinas, sino como estas personas no tienen un techo donde vivir, también les arriendan los locales para vivienda, lo cual ha generado una dependencia que no les permite abandonar este oficio y los grandes empresarios aseguran producción y mano de obra barata.

¡Los niños no se salvan!

Debido a la necesidad los niños y niñas tienen que ayudar a sus padres. Por esta razón, se ven obligados a trabajar hasta altas horas de la noche para poder obtener un buen salario, pues el pago es por producción. Este trabajo, si bien es la única opción para las personas que cruzan la frontera sin nada en sus manos, ha traído como consecuencia la deserción escolar, pues como lo manifestó un niño refugiado “hay que ayudar a llevar la papa pa la casa”.

Al llegar a las comunidades receptoras de refugiados y refugiadas es común ver la presencia de niños, niñas y adolescentes manipulando los blue jeans. Los trabajos que realizan principalmente son: quitar pelusa, cortar los hilos que quedan sueltos en los pantalones y lavarlos. Debido a que es un oficio que consume mucho tiempo ellos y ellas prefieren dejar los estudios pues como lo dice un adolescente “el estudio no me deja nada, mientras que trabajando tengo siempre plata en los bolsillos”.

Hay quienes dicen que es realmente difícil analizar esta situación, pues si bien estas empresas violan los derechos laborales de las personas en situación de refugio, es la única salida que tienen de establecerse. Muchos analistas consideran que las organizaciones defensoras de los derechos de las y los refugiados deberían promover políticas públicas que acojan a estas personas víctimas del conflicto interno en Colombia para garantizarles así un trabajo digno con el cual los y las refugiadas en Venezuela puedan salir adelante. Esto además, logrará al final un alivio para las organizaciones y el Estado, ya que se acabaría con el asistencialismo y la victimización, además de permitirles el reconocimiento como personas de derechos y así cumplir con el mandato de la Declaración de los Derechos Humanos que se proclaman universales y que transcienden las fronteras.

* Reportero de frontera. Estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Los Andes, Táchira.