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Foto del 30 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados con la participación de Jan Egeland, Secretario General de NRC

Enfoque Regional

La Declaración de Cartagena de 1984, allanó el camino de un esfuerzo regional común para proteger a las poblaciones desplazadas en el continente.

Hace 30 años, la Declaración de Cartagena fue desarrollada por un grupo de expertos gubernamentales de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá́ y Venezuela.

La Declaración de Cartagena de 1984, inicialmente adoptada por 10 países, ha sido elogiada como un mecanismo y una herramienta flexible, pragmática e innovadora frente a las necesidades de protección como consecuencia de los desplazamientos forzados y como un modelo para otras regiones.

Solidaridad

Se trata de una expresión de solidaridad con las poblaciones desplazadas en América Latina.

Al mismo tiempo, muchos de los Estados estaban apenas dejando atrás décadas de gobierno militar, guerra civil y violaciones a los derechos humanos.

La mayoría de los Estados ya habían firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo facultativo de 1967, pero muchos consideraban que los instrumentos internacionales vigentes no eran suficientes para responder a las enormes necesidades de los desplazados en América Latina durante las décadas de guerras y conflictos tanto internacionales como internos.

Ampliación de la definición

La Declaración recomendó una ampliación de la definición del término “refugiado” para incluir a las personas amenazadas por la violencia generalizada, agresiones extranjeras, conflictos internos, violaciones a los derechos humanos y por otras circunstancias que pudieran afectar gravemente el orden público.

La voluntad de adaptarse a nuevas realidades humanitarias continuó con la adopción del Plan de Acción de México en 2004, por parte de 20 gobiernos de América Latina. En los últimos 10 años, ha servido como un marco estratégico común para los gobiernos, ACNUR, la sociedad civil y la comunidad internacional.

A pesar de ser un instrumento regional no vinculante, y de contar con diferentes grados de ratificación y aplicación, muchos de los objetivos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de innumerables personas desplazadas se han alcanzado.

Además, la Declaración es considerada por muchos como un ejemplo de buenas prácticas de cooperación, solidaridad y responsabilidad compartida en lo que se refiere a la protección de refugiados y desplazados internos.

Brechas de protección 

Al cumplirse el trigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena, la región enfrenta nuevos retos de protección, tales como el desplazamiento como consecuencia del crimen organizado y la violencia – a menudo denominadas como Otras Situaciones de Violencia (OSV) – así́ como a causa de los desastres.

Además del desplazamiento forzado interno – y más allá de las fronteras- existe una fuerte y creciente tendencia a la migración voluntaria. Flujos mixtos de migrantes y desplazados afectan toda la región.

En este contexto, en febrero de 2014, el proceso Cartagena+30 fue presentado oficialmente por ACNUR y el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) en Ginebra. La decisión fue adoptar una nueva Declaración y el Plan de acción durante un evento de nivel ministerial en la ciudad de Brasilia.

Una nueva oportunidad

En diciembre de 2014, los Gobiernos de América Latina y el Caribe se reunieron en Brasilia en ocasión del 30º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 y adoptaron una hoja de ruta común para responder a las nuevas tendencias del desplazamiento y poner fin a la apátrida en la próxima década.

En el año en que se conmemora el 30 aniversario de la Declaración de Cartagena, se celebran los logros alcanzados en la región con respecto a la protección de las personas refugiadas, desplazadas y apátridas, promoviendo una reflexión sobre los nuevos desafíos y los problemas que todavía persisten en la materia.

A lo largo de 2014, el proceso conmemorativo de “Cartagena+30” permitió que los gobiernos de América Latina y el Caribe adoptaran un nuevo marco estratégico, sobre la base de resultados medibles, para impulsar y fortalecer la protección y las soluciones duraderas para los refugiados, apátridas, desplazados internos y otros grupos vulnerables que buscan seguridad en la región.

Derechos Respetados y Personas Protegidas