Colombia, país que ha vivido un cruento conflicto armado por más de 40 años, se enfrenta ahora a la formulación de políticas de reparación. Por eso,  es necesario reflexionar sobre la importancia de la participación real de las víctimas, seres humanos que han vivido en carne propia los horrores de la guerra. Un proceso necesario si se quiere alcanzar una paz duradera en el futuro pues el contexto internacional ha demostrado que la impunidad y el desconocimiento de las necesidades y expectativas de reparación de las víctimas, terminan siendo nuevos detonantes de violencia y confrontación.

La posibilidad de que las víctimas participen de manera amplia en el proceso de reparación integral es, en últimas, una oportunidad para restablecer la confianza entre el ciudadano y el Estado que, por acción u omisión, no protegió sus derechos. Por supuesto, significa ser parte en la formulación de las medidas de reparación, su implementación y seguimiento.

En ese sentido, el proceso que en Colombia surten las víctimas para acceder a la reparación permite identificar vacíos pero también, oportunidades. No sólo para el Estado, sino para organizaciones internacionales que, como el caso del Consejo Noruego para Refugiados, tienen como fin institucional coadyuvar en la construcción de una paz duradera en Colombia.   

Cuando la persona acude ante una entidad pública a denunciar su caso, está solicitando una reparación integral que se resuelve, en primer lugar, en el procedimiento administrativo de “reconocimiento de la condición de víctima”. Consiste en indagar las condiciones generales en que se dio la vulneración de los derechos  -cómo, cuándo, en dónde pasó-, recaudar información del contexto en que sucedieron los hechos y de sistemas de información donde la persona haya presentado solicitudes de protección y ayuda humanitaria. Finalmente, se valoran las pruebas que presenta la víctima, desde un criterio finalista: la restitución de derechos.

Cada puerta que toca la víctima en la Administración Pública activa un proceso de participación. Por eso, debe ser tratada con dignidad y con el interés real de resolver su caso que es, nada más y nada menos, la solicitud de reparación por graves violaciones de sus derechos humanos.

En un escenario de justicia transicional que busca la reconciliación nacional, la reparación integral contiene varios elementos: restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición desde las dimensiones individual, grupal y colectiva. La integración y el equilibrio en el cumplimiento de estas dimensiones, parten de reconocer la condición de víctima de la persona y luego, su derecho a ser oída, a narrar su historia y obtener verdad, justicia y reparación, participando en el proceso.

En materia de restitución, existe la obligación de promover el regreso al lugar de origen, proceso que debe ser complementado con el de restitución de tierras, viviendas y patrimonio. A su vez, desde una dimensión colectiva de la restitución, se debe velar por el restablecimiento del orden público en las comunidades y territorios de retorno, y desde una dimensión grupal de la restitución, procurar nuevos liderazgos y organizaciones sociales, económicas y políticas.

El proceso de restitución debe complementarse con la indemnización, que busca reparar los daños materiales sufridos mediante el mecanismo de reparación administrativa reglamentado en el Decreto 1290 de 2008, que señala topes máximos de dinero para las víctimas. Pero, igualmente, existe la obligación de brindar un restablecimiento socio económico sostenible.

Dichas actividades no pueden ir desarticuladas de la rehabilitación física, mental y sicosocial desde una perspectiva individual y familiar, y la reconstrucción del tejido social. Las medidas de satisfacción -reconocimientos públicos, declaraciones de arrepentimiento, conmemoraciones de fechas, conocimiento de la verdad-,  tienen un impacto de justicia muy importante en la dimensión moral de las víctimas, que se proyecta al ámbito público con medidas de reparación simbólica. Aquí entran a jugar actividades importantes como, por ejemplo, las manifestaciones culturales dirigidas a conocer y divulgar lo que pasó, por qué paso y quiénes fueron los responsables y a preservar la memoria del olvido de crímenes que la sociedad no quiere volver a repetir. Acciones públicas y privadas que buscan construir garantías de no repetición: seguridad, restablecimiento de confianzas, ejercicio de derechos y libertades. En el caso del desplazamiento forzado, por ejemplo, la seguridad se ve representada en un proceso masivo de titulación de propiedades y tierras que, a su vez, brinda seguridad jurídica al campesino propietario y previene un nuevo desarraigo.

Son todos procesos que debe gestionar la administración pública y que, necesariamente, deben ser participativos. La voz de las víctimas debe ser efectivamente escuchada, valorada e incorporada realmente en el proceso de justicia transicional.

En Colombia, la herramienta administrativa que servirá a los servidores públicos y voluntarios para atender la solicitud de reparación integral es el Sistema de Información Único Interinstitucional de Justicia y Paz. Esta herramienta de comunicación informática -que está en proceso de construcción-, permitirá conformar el universo de las víctimas, conocer los principales hechos de victimización, analizar las condiciones socioeconómicas en que se encuentran y ofrecer medidas de reparación integral acordes con su situación.

El proceso de reparación integral es un proceso de escucha. Por eso, para llevar a cabo con éxito este gran proceso de reconciliación y superación del conflicto, se debe contar con un recurso humano entrenado para escuchar, para recorrer los rincones del país y garantizar la participación directa y la dignificación en la transición de víctima a ciudadano.

En este contexto, en el Consejo Noruego para Refugiados, desde nuestra misión de facilitar el ejercicio efectivo de los derechos por parte de la población en situación de desplazamiento, hemos asumido como tareas prioritarias promover -a través de acciones de incidencia y de fortalecimiento institucional y social-, el enfoque de derechos en las políticas públicas de protección y reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado. A través de nuestros programas,brindamos asesoría legal a las víctimas para facilitar el ejercicio del derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Fortalecemos las capacidades de las organizaciones de población desplazada para acceder a la justicia y participar e incidir en las políticas de reparación. Y buscamos fortalecer las instituciones del Estado competentes en esta materia para mejorar su capacidad de respuesta.

Las víctimas deben participar en el diseño de las políticas de reparación integral. Es su derecho. Sabemos que conducir el proceso de reparación integral por el sendero de la confianza y la reconciliación es tarea difícil y necesita escenarios de concertación y cooperación. Pero es una tarea en la que debemos comprometernos todos y todas: Estado, sociedad civil, víctimas, organizaciones internacionales. Es la única manera de construir una paz duradera en Colombia.