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la historia

A sus 14 años, Cris Eliana sabe que, en Samaniego, debe tener “pies de plomo”. Por eso, se ha convertido en una líder estudiantil que promueve en los colegios de este municipio nariñense -uno de los más afectados del país por las minas antipersona-, la importancia de prevenir la siembra de estos artefactos y lograr el desminado humanitario.

Diego, un joven indígena AWA del municipio de Ricaurte, tiene claro que la identidad de su pueblo está directamente relacionada con los procesos educativos. “Me siento orgulloso de ser indígena. En el colegio no nos debe dar pena decirlo. Pero necesitamos que no nos discriminen y nos enseñen cosas que sirvan para mantener nuestra cultura”.

Brayan, un pequeño afrocolombiano de 10 años del municipio de La Tola, sueña con un aprendizaje desde el afecto. “Con tanta violencia uno se aburre. Por eso en el colegio uno quiere que lo quieran, que lo apoyen y le enseñen cosas bonitas”.

El canto de los jóvenes de un colegio de Tumaco resume el sentir de la región: “Quieren que cambie mi forma de ser/ yo sólo vivo un día a la vez/  es por eso que cuido mi monte y mi manglar/ porque cuando se acabe nadie me lo devolverá/ Un canto a la vida quiero /un canto que todos canten/ donde la vida sea vida/ donde no rime la muerte / quiero escuchar a mi abuelo contando historias de vida/ contando su propia historia / reaprendiendo este presente...”

Estos sueños son la apuesta que ha hecho el Consejo Noruego para Refugiados-NRC y Save the Children-Canadá-SCC, en asocio con la Gobernación de Nariño y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional-ACDI, a través del Proyecto “Educación de Calidad para poblaciones en situación de desplazamiento y vulnerabilidad”, que busca promover el derecho a la educación como herramienta para mejorar la calidad de vida de las poblaciones y construir una paz duradera en el departamento de Nariño.

El contexto

Nariño, departamento localizado en el sur occidente de Colombia, se ha convertido en una de las zonas más críticas del conflicto armado en los últimos años. Su ubicación geoestratégica -frontera con el Ecuador, acceso al océano pacífico, ríos que comunican el altiplano con el mar en medio de condiciones selváticas que dificultan el control de rutas para el narcotráfico y tráfico de armas-, han hecho del departamento un “botín de guerra”. Así mismo, la fumigación aérea de cultivos de uso ilícito ha deteriorado aún más la situación ya precaria de las comunidades rurales más apartadas: indígenas y afrocolombianas.

En este contexto, no es de extrañar que Nariño sea uno de los departamentos del país más afectados por la crisis humanitaria. En 2007, tuvo la mayor incidencia del país en desplazamiento forzado colectivo (27 desplazamientos masivos) y fue uno de los seis primeros departamentos en el registro de confrontaciones armadas. Para Codhes, el 2007 ubicó a Nariño en la situación más grave del país. Y, para julio de 2008, Acción Social llevaba registradas 100.077 personas que han llegado desplazadas a Nariño y casi igual número obligadas a huir del departamento (99.802 personas). Además, el número de homicidios en Nariño ha aumentado significativamente. Sólo en 2007, se presentaron 778 casos en el departamento, según la Policía Nacional. Y, de acuerdo con el último informe de la Ofician de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,  hoy Nariño es el departamento con mayor extensión de cultivos ilícitos, al concentrar el 20% de la producción nacional.

Esta difícil y compleja situación es una paradoja si se tiene en cuenta una de las mayores fortalezas del departamento: su pluriculturalidad. En una geografía rica y relativamente pequeña, conviven indígenas, afrodescendientes, campesinos, mestizos, mulatos y blancos,  con lenguas, dialectos y cosmovisiones diversas. Sin embargo, esta riqueza cultural contrasta con los altos índices de pobreza y miseria  estructurales en el departamento. El 53% de los habitantes de Nariño tienen Necesidades Básicas Insatisfechas y el 27.4% se encuentran en situación de miseria.

Es en este contexto que el sistema educativo no está preparado para afrontar las consecuencias de la crisis humanitaria en Nariño, en la medida en que no ofrece una educación pertinente y de calidad que garantice el acceso y permanencia a niñas, niños y jovenes víctimas del conflicto, así como a las poblaciones más vulnerables.

“La falta de pertinencia en la educación desmotiva a niños, niñas y jóvenes, aumentando la deserción escolar y su vulnerabilidad para el reclutamiento por grupos armados, redes de narcotráfico, cadenas de prostitución, embarazos adolescentes o contagio de VIH-SIDA, entre otras afectaciones. En parte, porque la educación sigue formatos que desconocen los problemas generados por el conflicto en estas poblaciones  y las condiciones étnicas y culturales que caracterizan al departamento”, señala Manuel Rojas, Asesor del Programa Educación del NRC en Colombia.

“En el caso de los adultos campesinos, el desplazamiento los obliga a abandonar el mundo rural de tradición oral para insertarse en un mundo urbano letrado, sin tener acceso a programas educativos pertinentes que les facilite integrarse en la vida comunitaria, económica y social en los lugares de llegada”, agrega Manuel Rojas.

El Proyecto

El proyecto educativo se desarrollará en 84 instituciones educativas de seis municipios del departamento seriamente afectados por la crisis humanitaria: Pasto, Tumaco, Samaniego, El Charco, Policarpa y Ricaurte.

La iniciativa contempla dos estrategias: de un lado, fortalecer la capacidad de las instituciones educativas para promover una educación pertinente y de calidad que facilite la permanencia de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo y genere espacios de desarrollo y participación en la comunidad.

De otro lado, se implementarán cuatro modelos educativos que surgen de la experiencia previa del NRC y SCC -Educación centrada en niños y niñas, Círculos de Aprendizaje para niños y niñas, Bachillerato de Paz para jóvenes y Educación Integral para Adultos- que, articulados a los procesos pedagógicos de los colegios, construyan propuestas educativas pertinentes a cada población, que faciliten el reintegro al sistema educativo de niños, niñas y jóvenes que abandonaron sus estudios por el desplazamiento o por situación de vulnerabilidad, y ofrezca a adultos –con énfasis en afrocolombianos e indígenas-, programas educativos pertinentes que garanticen competencias ciudadanas y laborales para integrarse con éxito en los contextos de llegada.

Así, el proyecto beneficiará a 7.100 niñas y niños y a 8.700 jóvenes desescolarizados y escolarizados, en situación de desplazamiento y de comunidades receptoras; a 1.300 adultos con baja escolaridad, en situación de desplazamiento y vulnerabilidad; a 904 profesores y tutores de instituciones educativas; y a 3.600 familias afectadas por el conflicto en esta zona del país.

El proyecto se desarrollará hasta el año 2013. La meta es que los aprendizajes del proceso en los seis municipios  piloto se extiendan a otras instituciones educativas del departamento y así trazar un camino para mejorar la calidad de vida de las poblaciones desplazadas y vulnerables en la región.

“Las condiciones de Nariño exigen un esfuerzo sistemático para desarrollar una educación con marcado enfoque étnico, pluricultural y subregional, con perspectiva de género, capaz de atender poblaciones con altos índices de movilidad y prevenir el reclutamiento por parte de grupos armados o delincuenciales, que promueva en las comunidades su capacidad de constituirse como actores sociales que participan en la construcción de democracia, paz y desarrollo. Una educación desde y para la afirmación de la vida, aún en medio de la adversidad”, señala Merete Hansen, directora para Colombia del NRC.

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