Por Sergio Roldán Zuluaga.
La Procuraduría General de la Nación, con el auspicio de la Agencia Sueca de Cooperación ASDI y el Consejo Noruego para Refugiados, llevó a cabo un ejercicio de socialización en cinco regiones del país (Nariño, Magdalena, Atlántico, Norte de Santander y Santander), sobre los avances en el proceso de formulación del Programa de Restitución de Bienes a las víctimas de desplazamiento forzado.
Los actores institucionales y sociales involucrados en el tema, participaron en mesas de trabajo para discutir la política pública agraria, los autos emitidos por la Corte Constitucional de seguimiento a la política de atención a los desplazados en materia agraria, y el borrador del Programa de Restitución de Bienes adelantado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. A través de preguntas orientadoras, se indagó la opinión de los participantes en relación con los temas contenidos en el borrador del Programa: regionalización y priorización; garantías de no repetición; sistemas de información para la restitución; fortalecimiento institucional; participación; información y comunicación; indicadores de seguimiento; procedimientos y formas operativas para la restitución; medidas de compensación y alivio de pasivos a los desplazados; restitución con enfoque étnico y de género.
La importancia del ejercicio radicó en la oportunidad que la Procuraduría brindó para abrir la discusión sobre un tema central en la reparación desde una perspectiva regional y avanzar en el conocimiento de las dinámicas regionales. Su principal conclusión giró en torno a la necesidad de planear el proceso de restitución de bienes, con la participación activa de las autoridades regionales y las organizaciones de víctimas. Generar consultas regionales que permitan el abordaje de los temas citados, para tomar decisiones de política pública de restitución en clave de reconciliación.
Las intervenciones de los participantes en los ejercicios informativos y el análisis de la situación regional en materia de seguridad, institucionalidad y confianza de los actores, produjeron una publicación de gran importancia para el proceso de formulación del Programa de Restitución. El libro La voz de las Regiones que lanzó la Procuraduría el pasado mes de agosto, condensa las recomendaciones de política pública aportadas y ofrece elementos de análisis regional como insumos necesarios para la implementación del Programa en dichas regiones.
Las principales recomendaciones apuntan al procedimiento de acceso al mecanismo de restitución, el cual debe evitar que la víctima ingrese en una contienda o litigio con un tercero u opositor; abogan por un procedimiento transicional por la vía administrativa que ha demostrado ser más eficaz en la experiencia internacional. Asimismo, recomiendan privilegiar el retorno y la reconstrucción de las comunidades y en tal sentido, que el procedimiento sea planteado como una reclamación colectiva, donde las víctimas que habitaron los mismos lugares se acompañen y protejan, compartan pruebas, abogados defensores, y en general, se siga un esquema que aporte a la eficacia administrativa. Finalmente, todos los actores reclamaron mayor participación y capacitación, e involucrar activamente a los alcaldes y gobernadores en la agenda de reparación de las víctimas que se construye desde Bogotá, al punto de pedir la creación de secretarías regionales dedicadas a la atención del proceso de justicia y paz.
La voz de las Regiones, es una guía de trabajo para la capacitación de funcionarios y organizaciones que representan a las víctimas, con el fin de cualificar su participación en los procesos de consulta que CNRR está obligada a adelantar en las regiones priorizadas. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, es el órgano del Estado llamado a garantizar la participación de las víctimas en el proceso de reparación integral de Justicia y Paz. Todas estas recomendaciones deben abrir un camino hacia el entendimiento sincero entre las víctimas y el Estado, sólo posible con voluntad política para implementarlas, y un liderazgo del conjunto de la sociedad hacia una transformación de la víctima en sujeto de derecho, pilar del postconflicto.
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